La falta de legislación sobre el #Vapeo evita la recaudación de 2 mil millones de pesos

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Cerca de 15 millones de mexicanos son fumadores, siendo los hombres quienes más tienen este hábito, y cerca de 1 millón de adultos mexicanos utilizan cigarros electrónicos o vapeadores, a pesar de la prohibición.[1]

Esta última actividad ha sido considerada en algunos países, como Reino Unido y Nueva Zelanda, como una alternativa para reducir la tasa de consumo de cigarrillos combustibles, y su apropiada regulación busca que estos productos mejoren su calidad y confiabilidad.

En México, el 19 de febrero del 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto presidencial mediante el cual quedó prohibida la importación de los dispositivos conocidos como cigarrillos electrónicos o vapeadores; de acuerdo con algunos voceros de la industria del vapeo, si esta actividad estuviera regulada, hasta 2 mil millones de pesos en impuestos podrían ingresar a las arcas del gobierno.

Actualmente, algunas organizaciones de la sociedad civil han buscado hacer visibles las ventajas sobre la adecuada legislación de los vapeadores y sobre todo la seguridad que brinda a los usuarios, ya que esta prohibición ha contribuido al aumento del mercado negro y facilitado la introducción y venta de productos de baja calidad que pueden poner en riesgo a los usuarios.

La conversación que actualmente gira en torno al vapeo tiene que ver con la evidencia que señala que es 95% menos dañino que fumar y sobre todo que no se debe atentar contra los derechos fundamentales como la libre determinación.[2]

La experiencia internacional señala que el vapeo sí es una alternativa para reducir los índices de consumo de cigarrillos combustibles. Reino Unido, por ejemplo, lejos de prohibir el uso de vapeadores, los ha utilizado a favor de la salud pública, regulando esta actividad y haciéndola disponible de manera segura. Así mismo, se han dado a la tarea de estudiar todos los dispositivos alternativos de administración de nicotina y cómo estos están contribuyendo a reducir el consumo de cigarrillos en jóvenes y adultos en aquel país[3].

Otra de las estrategias que ha seguido Reino Unido tiene que ver con la constante revisión y actualización de la regulación del tabaco y productos relacionados, bajo la que se rigen los vapeadores y sus insumos. La generación y recopilación de evidencia se han convertido en herramientas necesarias para poder actualizar esta legislación constantemente.

Por ejemplo, el Comité de Toxicidad de Químicos en Comida, Productos de Consumo y Medio ambiente, a través de observación de la evidencia disponible concluyó que el riesgo de efectos adversos en la salud del uso de vapeadores es 95% más bajo que el de los cigarrillos[4].

Nueva Zelanda es otro de los países que considera al vapeo como una alternativa menos dañina al cigarro, en donde además de una regulación adecuada, se han diseñado campañas de comunicación para que la gente tenga información disponible sobre los posibles riesgos del vapeo y puedan tomar una decisión informada.[5]

Adicionalmente, han formado un comité de expertos en cigarrillos electrónicos y vapeadores, con el fin de contar la opinión de expertos en el tema, que permitan actualizar las legislaciones de acuerdo con la evidencia científica más reciente.

Definitivamente, regular sobre los vapeadores y sus insumos es el camino más adecuado para evitar el mercado negro y reducir el riesgo de que existan productos de dudosa calidad. En México aún hay un camino por recorrer, abrir la conversación y comenzar a generar evidencia que permita tener información para construir una legislación informada y adecuada que además incluya un componente importante de comunicación masiva para alertar a la población joven de los pros y los contras de esta práctica.

La venta de vapeadores hoy existe y la prohibición sólo ha fomentado la venta irregular de estos productos, dando pie incluso a la falsificación de vapeadores e insumos. Es necesario legislar y ordenar este mercado, que además podría representar una importante fuente de recaudación en el país.

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