Las tres razones por las que es necesario legalizar el #vapeo en México

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Debido a sus grandes beneficios para dejar de fumar, varios gobiernos de distintos países como Reino Unido o Nueva Zelanda han reconocido al vapeo como una alternativa ante el nocivo hábito de fumar cigarrillos convencionales, sin embargo, en México, los vapeadores no están permitidos por un decreto oficial firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual prohíbe su circulación y comercialización.

Ante los nocivos efectos del tabaco, el vapeo ha demostrado ser una alternativa para dejar de fumar. El consumo de tabaco convencional ha demostrado ser sumamente dañino para la salud, debido principalmente a los más de siete mil químicos que contiene el humo, de los cuales, cientos son tóxicos y alrededor de 70 pueden causar cáncer, de acuerdo con Centers for Disease Control and Prevention, la mayor autoridad en materia de salud de Estados Unidos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el tabaco mata hasta a la mitad de las personas que lo utilizan. Cada año, más de 8 millones de personas fallecen a causa de este hábito y más de 7 millones de estas defunciones se deben a su consumo. De estas muertes, 1.2 millones son consecuencia de la exposición de no fumadores al humo ajeno.

En contraste, el vapeo es una alternativa para dejar de fumar que no genera el humo tóxico del tabaco convencional. En consecuencia, en países como Francia, el gobierno se ha mostrado a favor de estos dispositivos como un método que es considerado por los franceses como una primera alternativa para dejar de fumar: casi 15% de exfumadores ya se inclina de manera exclusiva por esta opción para abandonar este hábito, según una encuesta realizada a más de 25 mil personas por el Servicio de Sanidad Pública de ese país.

En términos legales, que el vapeo esté prohibido trae consecuencias onerosas para todos los actores involucrados, no solo para los consumidores sino también para el Estado.

Enlistamos tres razones por las que esta actividad debería ser legalizada en México.

Evitar el mercado negro

Varias experiencias en el pasado –como la prohibición de alcohol en Estados Unidos en la década de los 30 o la prohibición de fumar durante la pandemia de COVID-19 en Sudáfrica– han demostrado que la prohibición de sustancias favorece el incremento en su consumo y la proliferación de productos dañinos para la salud.

En el caso de Estados Unidos, la prohibición de alcohol provocó el aumento de su consumo en 70% y en el de Sudáfrica, la prohibición del tabaco no impidió que 93% de los fumadores sudafricanos continuara comprando cigarrillos, esta vez a través de canales informales.

Esto sucede debido a que la prohibición de circulación y comercialización de una sustancia no cancela la ‘necesidad’ de su consumo entre la población, por lo que las personas que así lo deseen seguirán buscando cómo satisfacer su necesidad. Por otro lado, la falta de regulación provoca que el mercado esté abierto a todo tipo de productos que sin ningún control de calidad pueden dañar la salud de quien los usa.

Estos casos sirven para entender lo que está pasando en México: que el ‘mercado negro’ del vapeo está creciendo, a pesar de la prohibición. De acuerdo con una investigación realizada por el diario Milenio, al otro día de entrar el vigor el decreto que prohíbe su circulación y comercialización, estos artículos siguen vendiendo a la luz del día, y los mismos vendedores alertan un incremento del mercado negro y con ello, un peligro para los consumidores.

Ahorro en gastos en salud pública

Fumar cigarrillos convencionales trae grandes daños a la salud. En México cada año mueren más de 51 mil personas a causa del consumo de tabaco, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud a la Cámara de Diputados. Pero los daños no terminan aquí, sino que el erario también resulta profundamente dañado debido a este hábito: se gastan en México casi 100 millones de pesos en costos médicos relacionados al tabaquismo.

Ante este panorama, el vapeo podría disminuir los costos en los que un país incurre debido al tabaquismo. Esto fue demostrado por un estudio de la Universidad de Queensland, el cual encontró que un acceso más fácil a los cigarrillos electrónicos que contienen nicotina traería no solo beneficios para la salud sino un ahorro de costos en el sector salud.

Este estudio respaldó el enfoque regulatorio que tiene Nueva Zelanda, el cual mantiene los productos de nicotina relacionados con el vapeo más baratos que los productos para fumar al hacerlos libres de impuestos.

“El probable ahorro de costos, que oscila entre 370 millones de dólares neozelandeses y siete mil 100 millones de dólares australianos (356 millones de dólares australianos y seis mil 800 millones de dólares australianos), resultaría de que menos personas desarrollen enfermedades relacionadas con el tabaco”, explica al respecto Coral Gartner, profesora asociada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Queensland y una de las autoras del estudio.

Evitar la violación de derechos fundamentales

La prohibición de la circulación y comercialización de vapeadores viola varios derechos de las personas, lo cual ha sido sustentado ya por uno de los Poderes de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de una sentencia al respecto.

El motivo de la SCJN para declarar inconstitucional esta medida fue que esta es incompatible con varios derechos, entre estos, el de la igualdad y el del desarrollo de la personalidad, según explicaron algunos ministros con relación a la decisión de la Corte.
En cuanto al primero, al de la igualdad, este se refiere a la libertad de comercio. En este sentido, la SCJN concluyó que esta prohibición es inconstitucional debido a que, a pesar de tener el objetivo de proteger el derecho a la salud tanto de las personas fumadoras como no fumadoras, resultaba violatoria del principio de igualdad consagrada en el artículo 1 de la Constitución federal, debido a que se consideró que quienes usan y pretenden importar o exportar tabaco están en condiciones similares a quienes pretenden lo mismo con el cigarrillo electrónico.

Con relación al derecho al desarrollo de la personalidad –otra de las violaciones por las que la prohibición resulta inconstitucional según los criterios de la SCJN– este se refiere a la libertad de consumir cualquier sustancia sin afectar derechos de terceros y el orden público.

Es decir, que las personas tienen el derecho legal de decidir la manera en la que quieren consumir nicotina, y en consecuencia, el gobierno debería permitirles la libertad de elección, siempre sin dañar a terceros, cosa que no sucede con la prohibición.

Al respecto, este es un derecho que también fue defendido por la Corte en el pasado cuando se declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana.

También es importante resaltar que esta prohibición fue impuesta por medio de un decreto presidencial –es decir, por mandato del presidente y no por un proceso legislativo en el que participaran los distintos poderes– y a pesar de que poco menos de un año antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la prohibición para la libre comercialización de vapeadores a través de esta sentencia.

Debido a la naturaleza y a la circunstancias de esta medida, incluso una organización civil pro vapeo ha promovido amparos para usuarios de vapeadores, a los que incluso les facilita un documento en formato descargable de su página web. En este sentido, algunas empresas ya han logrado la suspensión provisional en contra del decreto presidencial que prohíbe la comercialización de vapeadores, entre estas, la cadena de tiendas Sanborns.

De esta manera, el decreto presidencial que prohíbe la circulación y comercialización de vapeadores contraviene varios derechos, entre estos, el de tener la libertad de elegir de los consumidores.

Por todo esto, es importante que las autoridades mexicanas consideren la legalización del vapeo en el país, porque mientras esto no suceda, el mercado negro seguirá proliferando, el erario seguirá siendo afectado por el tabaquismo y los derechos de las personas seguirán siendo violados por un decreto presidencial.

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