Tras la enmienda a la Ley General de Salud para impulsar cambios en el etiquetado frontal de alimentos procesados en octubre pasado, organizaciones civiles impulsaron la iniciativa de modificar la Norma Oficial Mexicana (NOM) 051 referente a las especificaciones generales del empaquetado para alimentos y bebidas no alcóholicas preenvasadas-información comercial y sanitaria.
Una de las disposiciones del proyecto es la reforma al artículo 4.1.5 de la NOM 51, donde se establece que en las etiquetas de productos preenvasados no deberán utilizarse personajes, dibujos, celebridades, juegos u ofertas relacionadas al fomento del consumo, lo cual ha sido materia de debate respecto a la violación de derechos de autor y de propiedad industrial en las marcas.
La firma legal BC&B señala que, aun cuando el etiquetado es un aspecto importante para el consumidor porque indica los detalles del producto, de aprobarse la reforma a la normativa podrían generarse dificultades y desacuerdos dentro de la industria alimentaria, así como incertidumbre jurídica, desventaja competitiva y disminución en las inversiones en el sector.
“Es importante señalar que los consumidores tienen derecho a ser informados, de forma directa y verídica, respecto a los productos que consumen. No obstante, homologar las leyendas de advertencia no sería conveniente, ya que para diferenciar un producto de otro de la misma especie o clase en el mercado, es imprescindible tener la capacidad de reconocer las marcas” indicó Emilio Gárate, socio de BC&B.
De acuerdo con datos del estudio World Intellectual Property Indicators 2019 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelctual (OMPI), México está en el 8ª lugar del top 20 de los principales países con mayores solicitudes de marcas. Por ende, en caso de modificarse la normativa, habría una baja de registros en el país, lo cual perjudicaría a creativos, autores, diseñadores y figuras públicas (artistas o deportistas) que son contratados para promocionar productos en el mercado.
En este sentido, es indispensable que los productores y el Estado colaboren en una propuesta que no represente un obstáculo en el mercardo y tome en cuenta las jerarquías de leyes y los tratados internacionales sin desestimar que actualmente la información proporcionada resulta difícil de interpretar.
“Los productores y las distintas entidades gubernamentales deben explorar la posibilidad de mejorar el diseño y la información en los productos, ya que no puede hacerse una defensa ultranza sin hacer recomendaciones o modificaciones, ni dejarse de lado que el consumidor tiene el derecho (lo ejerza o no) de estar informado con relación a las condiciones de todo lo que consume”, añadió Gárate.
